San José.- El Directorio del Consejo Nacional de Cooperativas acordó la mañana de este oponerse “rotundamente” al proyecto de ley Expediente 21.424 que plantea la reforma al artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción (CNP) y afectaría a 52 cooperativas y organizaciones agrícolas en todo el país.
“Desde el Consejo Nacional de Cooperativas nos oponemos rotundamente a la apertura del mercado del Programa de Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de Producción. Este mercado representa la única defensa real de los productores nacionales frente a las importaciones libres de impuestos”, dijo el secretario ejecutivo del Conacoop, Geovanny Villalobos Guzmán.
El Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) promueve la compra de alimentos a productores nacionales en todo el país para, como su nombre lo dice, abastecer a las instituciones públicas tomando en cuenta los costos de producción, con la diferencia de que, por ley, respeta las escalas de costo de las cooperativas y asociaciones agrícolas para asegurar lo que se denomina un “mercado de precio justo”.
Eliminar esta barrera y permitir que las escuelas y colegios suplan los alimentos desde otros proveedores, dejaría en desventaja a las cooperativas y asociaciones de productores, algo que va en contra de la filosofía y principios cooperativistas que rigen al Conacoop, explicó Villalobos Guzmán.
Precisamente, el proyecto de ley plantea que las escuelas y colegios, sin controles claros, accedan a proveedores a la libre, sin importar si el producto es importado a precios subvencionados, tal es el caso de granos como los frijoles, el maíz, la papa y la cebolla, lo que dañaría la capacidad de mantenerse en el mercado de las empresas cooperativas.
Asimismo, estas cooperativas y asociaciones agrícolas, son organizaciones actualmente son motores de desarrollo rural y generan puestos de trabajo que no se podrían recuperar en caso de que el expediente de marras sea aprobado en el Congreso.
Es por esto, que el Consejo Nacional de Cooperativas apoya la existencia de un mercado regulado por el Estado que regule las compras del propio Estado, asegurando la trazabilidad, el precio y la calidad de los productos que consumen los alumnos de los centros educativos del país, con más razón aún, si se trata de cooperativas y organizaciones agrícolas que generan democracia económica en el país.